(Madrid, 2 de diciembre de 2021) La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha iniciado en los últimos meses una campaña para evitar la prescripción de los delitos del 11 de marzo de 2004, el mayor atentado de la historia de España y el segundo mayor atentado cometido en Europa, que podría quedar prescrito cuando se cumplan veinte años, es decir, en 2024, en apenas dos años y medio.
Dentro de esta campaña se encuentra el encargo de un estudio académico que determinase, desde el punto de vista legal, si los hechos que ocurrieron el 11 de marzo de 2004 pudieran haber sido calificados como un delito de lesa humanidad, en lugar de terrorismo, como fueron calificados.
En palabras de Dori Majali, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, el informe “responde al deseo de las víctimas de resolver incertidumbres. Hemos querido realizar un estudio objetivo y académico, conocer las conclusiones de una serie de expertos en la materia, sin intervención alguna en la orientación o resultados del informe, que nos sirva para valorar si hay posibilidades de evitar la prescripción de los delitos del 11-M”.
El informe (disponible para descarga más abajo) se ha dado a conocer esta tarde en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (C/ Noviciado, 3; Madrid) y deja ver una consecuencia muy relevante: los expertos consultados concluyen que, en el 11-M, si bien es cierto que resultaría muy complicado cambiar la calificación de “delitos de terrorismo” a “delitos de lesa humanidad”, los delitos podrían haber sido calificados en su momento como delitos de lesa humanidad.
Los expertos han concluido que resulta muy complicado que se cambie la calificación de los delitos ya juzgados del 11-M. Pero, a raíz de estas conclusiones, la Asociación se pregunta, en palabras de su presidenta: “Si aquellos hechos del 11-M podrían haber sido juzgados como delitos de lesa humanidad: ¿por qué no se hizo?, ¿qué responsabilidades se pueden derivar de ello?”.
Además, surge la duda sobre qué podría ocurrir respecto a los delitos no juzgados, aquellos sobre los que ni siquiera se llegó a iniciar fase de instrucción, como es el caso de los autores intelectuales de los atentados o aquellas investigados que, al encontrarse fuera de España, no ha sido posible que cumpliesen su pena.
Tras estas conclusiones, la Asociación ha decidido continuar con el proyecto a través de los cauces que considere necesarios, con el fin de obtener el resarcimiento de las víctimas.
El informe encargado por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y financiado por el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid, ha sido realizado por profesionales y estudiosos de la Universidad de Valencia, expertos en tipificación de delitos, y se enmarca en el Proyecto I+D “Derecho Penal de la peligrosidad: tutela penal de los derechos fundamentales”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Este informe ha sido coordinado por Lucía Martínez Garay y Clara Viana Ballester y ha sido elaborado por Cristina Fernández-Pacheco Estrada y Eliseu Frígols i Brines.