En los últimos días se viene insistiendo, especialmente por la izquierda nacionalista radical, que "uno de los pasos que, entre otros, hay que dar en el camino de la normalización política es el de garantizar el respeto a los derechos de los presos llevando a cabo un acercamiento de los mismos a cárceles del País Vasco, así como la concesión de beneficios penitenciarios y libertades provisionales”. Dicha idea que actualmente parece ser compartida, como hemos señalado, por ciertos partidos políticos e instituciones, carece de todo fundamento, y ello en base a las siguientes consideraciones:

En ningún caso cabe hablar de un derecho de los presos de ETA a cumplir su condena en prisiones del País Vasco. No existe norma legal, ya sea a nivel nacional o internacional, que reconozca dicho derecho a los presos. Por el contrario, es a la administración penitenciaria a quien la normativa vigente le atribuye la competencia de designar a cuál de los diversos establecimientos debe ser destinado, o en cuál debe permanecer, el delincuente.

El traslado de los presos de ETA conculcaría en muchas ocasiones los derechos de las víctimas así como infringiría las Sentencias ganadas por ellas en las que se impone a los asesinos la prohibición de acercarse a los lugares donde viven sus víctimas. Como ha señalado Antonio Beristaín, eminente penalista, fundador del Instituto Vasco de Criminología, “Las victimas, no pocas veces, especialmente en ciudades pequeñas, se sentirían moralmente agredidas si algunos terroristas residen en establecimientos penitenciarios cercanos a ellas. Por ejemplo, cuando sus victimarios disfruten de permisos de salida de la prisión, y/o cuando los familiares y amigos se manifiesten o protesten en las inmediaciones de la cárcel…”.

Constatado el hecho de que ETA no se ha disuelto y no ha entregado las armas, y vista la postura del autodenominado “Colectivo de presos políticos vascos”, fiel cumplidor de las directrices de la banda y ajeno a colaborar con la Justicia o a reconocer el daño causado, el tratar de llevar a efecto una concentración de condenados por terrorismo en un escaso número de prisiones, en este caso del País Vasco, podría derivar en una falta de seguridad para el resto de los internos así como para los funcionarios que presten sus servicios en las mismas, a la par que obstaculizaría la reinserción social de los presos impidiendo, dada la concentración antedicha, su separación de ETA.

No cabe tampoco requerir la concesión de beneficios penitenciarios o el reconocimiento de libertades provisionales más allá de lo que regula nuestra legislación penal. Si los presos etarras no disfrutan de dichos beneficios o no alcanzan la libertad provisional se debe, sin genero de duda, a que no cumplen los requisitos establecidos por las normas penales. El tratar de sortear o flexibilizar las mismas no resulta de recibo en un Estado de derecho. Si la izquierda nacionalista radical señala que “han de darse pasos hacia la paz” –su paz, porque en el País Vasco nunca ha habido dos bandos enfrentados- antes debe saber que sin Justicia no es posible la paz y que la Justicia requiere, en el caso referenciado, el cumplimiento de los requisitos legales para las exigencias que están demandando. No cabe llenarse la boca hablando del “proceso de paz” y al mismo tiempo negar la aplicación de la Justicia porque difícilmente puede llegarse a la paz sin pasar necesariamente por la Justicia.

Sentado lo anterior, no es coherente, por carecer de legalidad y legitimidad, apoyar las exigencias de los proetarras puesto que los requerimientos que solicitan tratan de minimizar las consecuencias de uno de los delitos más graves: el delito de terrorismo. El terrorismo de ETA no constituye, como algunos quieren, un “conflicto político” sino por el contrario nos encontramos ante un delito de suma gravedad, no siendo sus autores y cómplices meros delincuentes políticos sino delincuentes comunes, merecedores de las sanciones jurídico-penales y de las medidas penitenciarias que les resulten aplicables con base en la normativa vigente.